La Oficina de Derechos Sociales de Sevilla (ODS), La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía (Amuradi) y la Federación Andaluza de de Mujeres Gitanas (Fakali):
Queremos manifestar nuestro más profundo rechazo al desalojo forzoso y levantamiento del asentamiento de población rumana gitana en el barrio de San Jerónimo, realizado por orden del Ayuntamiento de Sevilla a través de la Policía Local el martes 9 julio del 2012.
Esta medida se ha llevado a cabo por la propia presión ciudadana liderada por una organización vecinal, en concreto la Asociación de vecinos El Alamillo y vecinos organizados en la plataforma Basta ya de Asentamientos, una organización con dudosos fines que en su blogs hace claramente una incitación y apología a la violencia y al racismo contra las personas por el hecho de ser diferentes, en este caso inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas, en su mayoría en una situación de pobreza y de vulnerabilidad social y que está calando cada vez más un sentimiento de rechazo social hacia la comunidad rumana gitana.
Detrás de estas conductas hay unas ideologías claramente fascistas, porque no reclaman que se adopten medidas integrales de inclusión social, sino que lo que están reivindicando y para lo que están presionando a las instituciones públicas es para que expulsen a los rumanos gitanos de toda la ciudad de Sevilla.
Este nuevo desmantelamiento chabolista es uno más de los que se vienen produciendo en la ciudad desde hace tiempo sin que las instituciones públicas ofrezcan una alternativa más allá del hecho consumado y la represión ejercida contra la población rumana que reside en los asentamientos.
No hay ni una sola medida social tras cada desmantelamiento chabolista que ayude a mejorar las condiciones sociales de estas personas. El Ayuntamiento y el resto de las administraciones públicas muestran una incapacidad absoluta para solucionar este problema.
La exclusión no se combate negando su existencia ni enviando a la policía, sino con medidas sociales serías, valientes, comprometidas y continuadas en el tiempo, es decir, con seguimiento.
Exigimos:
1. El cese de la violencia institucional.
2. Medidas urgentes para paliar la situación de exclusión que viven estas familias(espacios donde las familias puedan quedarse hasta que se les de una solucióndefinitiva).
3. La aplicación de los diversos planes de erradicación del chabolismo tanto a nivel local como andaluz.
4. Facilitar el acceso a la vivienda como un derecho equiparable al derecho a la educación, la sanidad, etc.
5. Una ley de inclusión social para Andalucía que tenga en cuenta a las personas que ya viven en situación de exclusión.
6. Que las administraciones públicas asuman su responsabilidad plena en las situaciones de desigualdad y exclusión que generan el modelo económico neoliberal vigente que está llevando a las personas a un callejón sin salida.
Por otra parte, la ODS, APDHA el Grupo 17 de Marzo, están estudiando la interposición de una denuncia a la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla a fin de que investigue la posible comisión de un delito de coacciones por parte de quien ordenara a la Policía Local el desalojó del grupo asentado en unos terrenos privados sin que existiera denuncia alguna por parte de su propietario. Por otra parte, aportarán a la misma denuncia material gráfico (vídeos) de las concentraciones de los vecinos donde pudieran observase comportamientos que pudieran constituir delitos de amenazas y fomento del odio racial y violencia.
Sevilla 11 de Julio de 2.012
Noticias relacionadas con lo sucedido.
SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones sociales estudian "denunciar" un "posible delito de coacciones" en el desalojo de San Jerónimo
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-organizaciones-sociales-estudian-denunciar-posible-delito-coacciones-desalojo-san-jeronimo-20120711173855.html
Organizaciones sociales estudian "denunciar" un "posible delito de coacciones" en el desalojo de San Jerónimo
11/07/2012 17:38 | lainformacion.com
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/pobreza/organizaciones-sociales-estudian-denunciar-un-posible-delito-de-coacciones-en-el-desalojo-de-san-jeronimo_XEarXRKQSp6ubsE4Q04t26/
http://www.abcdesevilla.es/20120710/sevilla/sevi-desalojo-chabolistas-jeronimo-201207101058.html
Sevilla / Los vecinos dan las gracias al ayuntamiento
Un gran dispositivo municipal desmantela el asentamiento de San Jerónimo
Los chabolistas recogieron sus pertenencias y se marcharon del solar abandonado que llevaban ocupando desde hacía meses
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1303765/desmantelado/asentamiento/chabolista/san/jeronimo.html
Desmantelado el asentamiento chabolista de San Jerónimo
Un dispositivo de la Policía Local ha disuelto el poblado, compuesto en su mayoría por ciudadanos rumanos, y que había sido centro de tensiones entre vecinos y chabolistas.
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/149720/desmantelado/asentamiento/chabolista/san/jeronimo
Desmantelado el asentamiento chabolista de San Jerónimo
Un dispositivo municipal ha propiciado el desalojo a las 8.45 de la mañana del asentamiento ubicado a la altura del número 33 de la calle Marruecos.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/10/andalucia_sevilla/1341911771.html
CHABOLISMO | En los alrededores de la calle Marruecos
Un dispositivo municipal desmantela el asentamiento chabolista de San Jerónimo
16 jul 2012
LA PLATAFORMA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL HACIA LOS INMIGRANTES EXIGE EL CESE DEL TRATO VIOLENTO A LAS PERSONAS INMIGRANTES
La Plataforma contra la violencia institucional hacia
los inmigrantes exige que cese el acoso que se lleva a cabo hacia las
personas inmigrantes desde diferentes instituciones públicas. Mañana
viernes volverá a interponer una denuncia ante una desmedida acción
policial contra cuatro solicitantes de asilo subsaharianos. La
plataforma se mostró esperanzada debido a que recientemente los
tribunales han dado la razón a la plataforma dictando sentencia
favorable en un caso apoyado recientemente por la plataforma.
La
plataforma considera inaceptable e injustificable los constantes
controles de identidad, redadas y detenciones a los que son sometidas
las personas inmigrantes. Estas prácticas se llevan a cabo en muchos
casos, según la información suministrada por los afectados, sin cobertura legal
y utilizando como criterio de selección el perfil étnico de las
personas en lugar de la presunción de la comisión de un delito. La
plataforma denuncia que las identificaciones van acompañadas, muchas
veces, de actitudes que atentan contra la dignidad de cualquier persona,
como es el registro de las pertenencias personales, cacheos y
retenciones contra la pared, llevadas a cabo delante de los propios
vecinos e, incluso, de los propios hijos. La plataforma ha advertido que
las instrucciones de la Dirección General de la Policía hechas públicas
recientemente no van a poner fin a estas prácticas y, sin embargo, sí
que pone claramente de manifiesto que la institución policial es
plenamente consciente de estas prácticas que podrían ser ilícitas.
Desde
la plataforma se está trabajando en un informe para en el que se
catalogan los “puntos calientes” de acoso institucional a los
inmigrantes. Esta iniciativa comenzó tras denunciar este tipo de
violencia ante el Alcalde del
antiguo Ayuntamiento de Sevilla, éste negó que el acoso institucional a
los inmigrantes estuviera ocurriendo Este informe está constatando sin
lugar a dudas que en barrios como Macarena, San Jerónimo, Su Eminencia o
Pumarejo, coger el autobús, frecuentar el polideportivo, acudir a
rezar, reunirse en el parque, ir al trabajo, llamar en un locutorio,
comprar en una tienda o llevar a los hijos al colegio, se está
convirtiendo para estas personas en una verdadera hazaña. La plataforma
considera inaceptable que por el simple hecho de tener unos determinados
rasgos físicos alguien pueda ser objeto de un trato vejatorio, injusto y discriminatorio.
La plataforma entiende que esta violencia se constata en la sentencia
del tribunal nº2 de lo penal por la que se absuelve a Birahim de la
denuncia interpuesta por la policía por resistirse en la detención. La
plataforma ha respaldado con asistencia letrada a las víctimas para que
se personen como acusación particular contra la policía. Los diferentes
procedimientos penales surgidos de estas actuaciones continúan su curso
aunque la plataforma se muestra optimista ya que existen numerosos testigos presenciales que están dispuestos a declarar en el juicio las agresiones de las que fueron testigos”.
Por otro lado, la plataforma quiere hacer público ha ofrecido asistencia jurídica para interponer una nueva denuncia
mañana viernes 22 de junio así como asistencia para la defensa en un
caso en el que la Policía Nacional insultó, agredió, detuvo y denunció a
cinco jóvenes subsaharianos solicitantes de asilo. Nos parece
inaceptable que la policía, en un incidente de este tipo en una sociedad
democrática, actúe con tal desproporción en el uso de la fuerza con la
que resultaron todos contusionados, uno de ellos incluso con labio
partido y tres dientes rotos. Otro de ellos, minusválido, terminó
tendido en el suelo sin ropa, sin sus prótesis y sin su muleta.
Cuatro
de los cinco detenidos, solicitantes de asilo, residían en el Centro de
Acogida a Refugiados (CAR) dependiente del Ministerio del Interior. La
plataforma también lamentó profundamente que tras la injusta detención,
los cuatro fueran expulsados del CAR perdiendo los derechos que les
asisten como solicitantes de asilo. Este hecho colma el vaso de una
desesperante situación que viven, en general todos los solicitantes de
asilo que tras el trauma de tener que abandonar sus países de origen se
encuentran indefensos y deficientemente atendidos para reorientar sus
vidas, aumentando así la frustración en la que viven.
Asimismo,
la plataforma denuncia que la violencia institucional contra los
solicitantes de asilo no se limita a lo policial ni a la actuación del
CAR. El número de solicitantes de asilo desciende cada año en España
debido a las negociaciones con Marruecos para que sea este quien no deje
pasar a las personas en busca de refugio dificultando la posibilidad de
solicitarlo. Como plataforma queremos llamar sobre la falta de
justificación de estas medidas debido al reducido número de
solicitantes, 2.738 en 2010 (4.517 en 2008; 3.007 en 2.009), en
comparación con otros países europeos (47.790 en Francia o 41.330 en
Alemania). Además según el último informe de la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado) en 2010 el 56,6% de las solicitudes fueron
rechazadas.
Los datos de 2011, publicados ayer con motivo del Día Mundial del
Refugiado recogen un rechazo del 74% sobre 3.414 solicitantes, lo que
nos consolida a la cabeza de Europa en vulneración del derecho de protección y de asilo.
La
Plataforma contra la violencia institucional se constituyó en 2010
aglutinando a asociaciones de inmigrantes, de apoyo a inmigrantes y de
defensa de derechos ante la constatación manifiesta de que se estaba
ejerciendo prácticas racistas y discriminatorias desde las instituciones
públicas. Actualmente forman la plataforma:
Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía, Oficina de Derechos Sociales de
Sevilla, Voluntariado Claver, Mesa Interdiocesana de Migraciones, Fundación Sevilla Acoge, MAD África, Grupo de abogados 17 de Marzo
En Sevilla a 21 de Junio de 2012
La Dirección de la Policía prohive la redadas ya prohibidas
La Dirección de la Policía prohive la redadas ya prohibidas
La
Dirección de Policía prohíbe las redadas ya prohibidas.Los grupos
contra las llamadas redadas racistas piensan que la nueva circular
policial no terminará con esta práctica no permitida en la Ley de
Seguridad Ciudadana.A Juan Bautista, un vecino del barrio madrileño de Las Californias, lo detuvieron por la calle y lo encerraron en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche por no tener la documentación en regla. Su historia sería una más entre las de miles de personas detenidas durante los controles de identidad a la búsqueda de sin papeles si no fuera porque, con sus más de 50 años de edad, Juan Bautista llevaba viviendo en España desde que a los cuatro años de edad se lo trajeron adoptado desde Venezuela.
“Es que es muy morenito”, decía su mujer como explicación para su detención e internamiento, mientras meneaba la cabeza, como si no se explicara cómo su marido no se había acordado en 40 años de sacarse la nacionalidad. “Hasta la crisis no he tenido ningún problema para trabajar. ¡Si hasta tengo mi número de la Seguridad Social!”, comentaba Juan Bautista entonces, cuando un grupo de vecinos le visitaba en su casa poco después de salir del CIE en 2008.
Los controles policiales por perfil racial resultaban entonces tan contrarios a la Ley de Seguridad Ciudadana como el 21 de mayo de 2012, cuando la Dirección General de la Policía publicaba una circular –la X/2012– que las prohibía expresamente. Como recordaban las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, los artículos 19 y 20 de la actual Ley de Seguridad Ciudadana ya establecen que los “controles en las vías, lugares o establecimientos públicos [...] al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos” están permitidos sólo “para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social”. La mera estancia irregular no es delito en el Estado español.
“Aquí en el centro seguimos teniendo a la policía a nuestras puertas 12 horas al día”, cuenta Carlos Serrano, de la Oficina de Derechos Sociales (ODS) de Sevilla, cuando ya habían pasado dos semanas desde la publicación de la circular. Se refiere al centro social del Pumarejo, que en este barrio sevillano sirve de centro de reuniones, escuela de castellano y comedor popular. “Aquí las redadas se han seguido produciendo en el transporte público y en los lugares donde los inmigrantes tienen que hacer gestiones o aprender castellano”, relata.
Natalia, una de las tres activistas de las Brigadas Vecinales que se reunió con la delegación del Gobierno de Madrid para tratar el tema de los controles, explica que desde la publicación de la circular “al menos nosotras no hemos presenciado ninguna redada directamente”. Según cuenta, en las últimas semanas estos grupos contrarios a los controles sacan a la calle una media de dos brigadas a la semana con el objetivo de documentar los controles que se encuentren e informar a la población. Pero la activista advierte que “entre el 9 de marzo y el 29 de mayo teníamos 260 avisos de controles de identidad, y desde la publicación de la circular hasta el 29 de mayo, 41 avisos”. El 9 de marzo, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, hizo unas declaraciones en las que daba por terminada esta práctica en la Comunidad de Madrid.
Los Gobiernos habían negado la existencia de los controles policiales por perfil racial desde que saltara la polémica de los cupos de detenciones de inmigrantes sin papeles en enero de 2009. El anterior ministro de Interior y actual jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo negó dos veces en sede parlamentaria. “No hay redadas, no existen”, aseguró el 9 de octubre en el Senado. Ese mismo año, según datos de Interior en su balance anual de “lucha contra la inmigración ilegal”, fueron expulsadas de territorio español 13.278 personas.
Pese a que la circular policial reconoce de facto la existencia de este tipo de controles al prohibirlos, el temor sobre su persistencia permanece. “Nos preocupa que la circular diga que se puede identificar por la calle a las personas que infundan sospechas. ¿Sospecha de qué exactamente? ¿De ir a cometer un delito? Si la sospecha es por temas administrativos casi están legalizando las redadas de perfil racial”, señala Pablo Rodríguez, de la red madrileña Ferrocarril Clandestino.
Dentro del discurso institucional existe un espacio ambiguo entre inmigración y delincuencia. Desde la creación de la Brigada de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros (Bedex) en 2009, cada año el ministerio de Interior justifica las cifras de expulsiones (56.173 desde 2007) con el argumento de que en torno al 80% de las personas expulsadas habían cometido algún tipo de delito. Al respecto, la circular X/2012 incluye planes de actuación para expulsar personas extranjeras en situación irregular “sujetas a procedimientos penales”, pero no necesariamente condenadas.
En la redada policial contra vendedores del top manta que terminó con dos detenciones y dos disparos al aire en Madrid (ver abajo), ninguno de los dos detenidos había estado vendiendo. Modou, el vecino que apareció como “el mantero detenido”, simplemente estaba en el bloque de pisos en el que irrumpieron los agentes que perseguían a los manteros. “Es un chico bajito y muy flaco”, explicaba Malick, que le conoce desde hace años. “Por eso se lo llevaron a él”, piensa. Todo lo demás, como su raza y vecindario, le convirtieron en sospechoso.
DOS DISPAROS AL AIRE EN UNA PERSECUCIÓN EN MADRID CENTRO
La Policía Municipal madrileña investiga oficialmente los sucesos del domingo 27 de mayo en el barrio de Lavapiés, durante los cuales un agente de paisano realizó dos tiros al aire en el transcurso de una detención. Tal y como captó un vecino con su teléfono móvil, dos agentes de paisano estaban reduciendo en la calle a un detenido de raza negra y, tras ser increpados por más vecinos, uno de ellos encañonó a la gente que trataba de impedir la detención. Tras recular unos metros, el agente efectuó dos disparos al aire.
El suceso, que terminó con dos personas detenidas, indignó a la comunidad senegalesa de Lavapiés, que denunció la constante persecución de la policía en una reunión con el vicecónsul de este país celebrada en una plaza del barrio. Pese a que oficialmente los agentes se encontraban persiguiendo a unos vendedores de mercaderías copiadas, testigos presenciales contactados por la asamblea local del 15M niegan que los detenidos hubieran estado vendiendo esa mañana.
Fuente: http://diagonalperiodico.net/La-Direccion-de-Policia-prohibe.html
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