25 oct 2011

Encuentro contra los CIEs

Los días 21,22, y 23 de octubre, representantes de diferentes colectivos andaluces por los derechos de las personas inmigrantes han participado en un encuentro estatal contra los CIES. Allí ha estado la Plataforma contra la Violencia Institucional hacia los Inmigrantes de Sevilla y colectivos como la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga y Málaga Acoge:


Treinta organizaciones contra los CIE
Más de 100 representantes de diversos colectivos del Estado se han reunido en Valencia para exigir la libre movilidad de las personas migrantes.
Denuncian el agujero en el Estado de derecho que constituyen los CIE.
Lanzan una campaña nacional para su cierre.
Organizaciones de Derechos Humanos, asociaciones de inmigrantes, movimientos sociales han iniciado un proyecto unitario de lucha contra la represión, criminalización y violación de los derechos de las personas migrantes.
“Nos quitaron la justicia y nos dejaron la ley”. Con esta cita de Eduardo Galeano concluye el manifiesto que se ha gestado en el Encuentro Estatal por el cierre de los CIE al que han asistido más de 100 representantes de asociaciones de Madrid, Euskadi, Cataluña, Andalucía y el País Valenciano. Más de treinta colectivos han aunado sus luchas contra unos centros en los que se encierra hasta sesenta días a personas que han nacido en otros países con el fin de almacenarlas hasta que se tramite el expediente de expulsión.
A pesar de que los CIE se definen como “centros no penitenciarios” son evidentes las similitudes con las prisiones. Desde Barcelona denuncian la estructura carcelaria del centro de Zona Franca, “hay celdas con barrotes, sala de visitas con mamparas y celdas de aislamiento” denuncia Cristina Fernández del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Esta estructura se repite en los diez CIE oficiales repartidos en Valencia, Málaga, Algeciras, Madrid, Murcia o las islas Canarias. De hecho en Madrid la antigua cárcel de Carabanchel se utiliza actualmente como CIE.
Parte de la ciudadanía se ha rebelado contra el hecho de que por cometer una falta administrativa, es decir, estar en situación irregular, se prive de libertad a las personas. Cristina de la Serna, coordinadora del grupo de trabajo sobre migrantes de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) advierte de que las políticas de internamiento preventivo en CIE son “ilegales y contrarias a los compromisos adquiridos por España en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos puesto que violan el principio de no discriminación”.

A raíz del Encuentro Estatal de colectivos en lucha contra los CIE, se han compartido experiencias y elaborado los cimientos de futuras colaboraciones. “Este encuentro es importante para coordinar estrategias y poder realizar el seguimiento de un caso concreto, por ejemplo si trasladasen a algún interno de Valencia a Barcelona, así evitamos que las víctimas se queden en la nada” afirma Cristina Fernández del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona. Gerardo Márquez, de la Coordinadora de inmigrantes, afirma que “luchar contra un CIE es una lucha común ante la pérdida de derechos en general”.

El objetivo de esta campaña es impedir que se repitan casos como el de F.J. Esta joven nigeriana se vio obligada a huir de su país por sufrir maltrato, abusos sexuales y explotación laboral. Tras cruzar un mar en el que han muerto más de 20.000 personas según “A desalambrar”, logró llegar a Granada pero la detuvieron y le practicaron unas pruebas óseas que determinaron que tenía más de 18 años. “Sin embargo existe un margen de error de 18 meses y además ella declaró haber nacido en 1994” denuncia la presidenta de Andalucía Acoge, Manmen Castellano. A pesar de ello ingresó en el CIE de Málaga y un mes después fue expulsada, desoyendo las peticiones del Defensor del Pueblo Estatal.
Desde la Campaña Estatal exigen el cierre de todos los CIE y por ende “el desmantelamiento de todos los dispositivos que impiden a las personas salir de sus países, llegar, y vivir en otros o vivir en su propio territorio” por ello piden la derogación de la Ley de Extranjería y la Directiva Europea del Retorno, que estipula que una persona migrante pueda estar presa en un CIE hasta 18 meses”. El internamiento en CIE constituye además una vulneración del derecho a la libertad y seguridad personales proclamado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. De hecho el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias o el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes -ambos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU- afirman que “no debería privarse del derecho a la libertad de las personas sobre la base de su situación migratoria”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU coinciden en que la privación de libertad de personas migrantes en situación irregular solamente puede ser adoptada como último recurso y cuando no se puedan aplicar medidas que no restrinjan la libertad ambulatoria. En palabras de Cristina de la Serna, “dado que el Estado español tiene medios suficientes para aplicar en todos los supuestos medidas alternativas menos coercitivas -y previstas por la propia ley española, como la permanencia en centros abiertos o la notificación periódica a las autoridades-, la medida de internamiento en CIE debería ser eliminada de la legislación de extranjería”.
Desde la Campaña denuncian que el “Estado español, cómplice de las regresivas políticas europeas, ejerce una constante represión de las personas refugiadas y migrantes, practicando sistemáticas identificaciones y redadas policiales racistas”. Una respuesta rápida de la sociedad civil ha sido la creación de las Brigadas Vecinales, en Madrid ya se ha formado a 150 brigadistas que se encargan de fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes.

A lo largo de todo el Estado se multiplican las acciones contra estas cárceles encubiertas, “A desalambrar”, un colectivo que aspira a la cultura de la no violencia, organiza en Madrid los primeros viernes de cada mes los “Círculos de Silencio”; “en silencio por respeto a los que sufren, para poder escuchar con el corazón puesto en los presos, en sus familias, en sus amigos” afirman. También se suceden concentraciones periódicas ante la puerta del CIE o en plazas emblemáticas, como la que organiza la Plataforma de Valencia cada último martes.

Las victimas de trata

Un colectivo especialmente sensible que se ve inmerso en estos mecanismos de expulsión y represión son las víctimas de trata. “Teóricamente tienen derecho al asilo” apunta Gema Fernández de Women’s Link Worldwide, “sin embargo, en la práctica la gran mayoría son deportadas o pueden acceder a protección si colaboran con la policía” añade. El artículo 59 de la Ley de Extranjería estipula que “el extranjero que se encuentre irregularmente en España y sea víctima de un acto de tráfico ilícito (…) no será expulsado si denuncia a los autores (…) y colabora con las autoridades competentes proporcionando datos esenciales”. Al pie de la letra se ajusta el caso de una mujer brasileña, explotada en Ourense, que ingresó en el CIE de Madrid. La mujer decidió colaborar, la sacaron del CIE, pero como la policía no logró los resultados esperados en su investigación no le ofrecieron protección. Tiempo después le denegaron el permiso de residencia. Desde “Women’s Link Worldwide” advierten de la “falta de protección de las víctimas de trata”, dicha entidad fue la que gestionó junto a “Málaga Acoge”, el caso de la única víctima de trata que ha conseguido salir de un CIE a través del período de reflexión. Esa víctima es A.M de Ghana. Esta joven llegó en patera a Motril, donde fue enviada a un hospital y a pesar de sufrir una enfermedad infecto-contagiosa la internaron en el CIE de Málaga sin tratamiento. Tras presentar una queja al Defensor del Pueblo estatal por su estado de salud y por la posibilidad de ser víctima de trata y solicitar a Subdelegación del Gobierno en Granada el período de reflexión, el 9 de julio del 2010 se le concedió.
Al mismo tiempo que en Valencia se intercambiaban experiencias y estrategias, este fin de semana Migreurop y Alternatives Européenes celebraban en París un encuentro en el que se denunciaban la existencia de los CIE. Si el año pasado el 18 de diciembre se celebraron simultáneamente movilizaciones contra estos centros en Valencia, Málaga, Barcelona o Madrid, este año la fecha se internacionaliza: el Foro Social Mundial de Dakar ratificó el 18 de diciembre como una cita mundial para defender los derechos de las personas migrantes, iniciativa a la que se suma la Campaña Estatal por el cierre de los CIE

El movimiento contra los Centros de Internamiento de Extranjeros se consolida y a través de esta Campaña estatal se proponen derribar los muros de los diez CIE en todo el Estado, pero también los muros invisibles que se cimentan a base racismo. Ayer se celebró en Valencia el primer acto conjunto en tanto que Campaña estatal, una concentración en la que predominó un lema: “Ningún ser humano es ilegal”.

Noticia original: periodismohumano.com